Aprobada la nueva Ley de Telecomunicaciones que vulnera numerosos Derechos Fundamentales

Ya tenemos aprobada en España la nueva Ley de Telecomunicaciones, texto que vulnera numerosos derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la salud, a la integridad física de las personas, a la protección del medio ambiente, la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio y la protección de los niños. Viola, por tanto, no sólo derechos constitucionales fundamentales, sino también la carta europea de derechos fundamentales, la carta de los DD.HH y los derechos del niño.

A pesar de que muchos de estos derechos ya estaban siendo vulnerados, por dejación, con la anterior ley, el nuevo cuerpo legal marca un retroceso sobre la ley anterior, que ya era más que deficiente respecto de la protección de los ciudadanos frente a los riesgos para la salud que suponen las radiaciones de alta frecuencia de las antenas de telefonía móvil y otros dispositivos emisores.

Este proyecto tiene tres claves que suponen un grave atentado a la Salud Pública y derechos fundamentales:           

• Elimina las competencias de las administraciones locales en materia de Salud pública, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.L@s ciudadan@s no podremos dirigirnos a ellos para que intervengan en caso de que estemos sufriendo las consecuencias indeseadas de este tipo de contaminación.


• Se eliminan licencias y procedimientos de control, que aunque totalmente insuficientes desde el punto de vista de los efectos de la salud, al menos suponían cierto control por parte de las administraciones en este despliegue de emisores de radiofrecuencias. Con esta ley, las administracion central se inhibe de ejercer el minimo control, lo que conlleva a una situación de "barra libre" a la industria de las telecomunicaciones.


• Plantea la expropiación forzosa de propiedad privada para la explotación y uso de empresas privadas, y la obtención subsiguiente de beneficios.

Hay que denunciar que todos los grupos parlamentarios SON CONOCEDORES de esos riesgos ya que han sido informados con detalle por la Plataforma Estatal Contra la Contaminación ElectroMagnética, PECCEM, Plataforma que presentó y un documento de  documentadas alegaciones a la Ley. 

Como bien se indica en el documento de alegaciones de PECCEM (p.8): "Este proyecto utiliza, posiblemente de forma muy interesada, el denominado Interés General. Si tenemos en cuenta que en el fondo de todo está el Interés general, que el proyecto lo define como los “círculos de protección de los intereses generales”, hemos de suponer que el interés general es un término muy amplio y sobre el que  deberíamos defender todos nuestros  intereses generales." 

Entiendo que todo Estado debe perseguir y proteger la defensa del derecho a la vida, como caso primero de lo que llamamos Interés General, teniéndola en su conjunto como la salud de las personas, muy especialmente la de los niños y la del medio ambiente. 

¿Son equiparables el derecho a la vida y la protección de la salud con el derecho a la comunicación, si este segundo derecho viola, como es el caso, el cumplimiento del primero? 

 

Los medios de comunicación se han hecho eco de la aprobación de la nueva Ley, si bien sus críticas se centran, en la gran parte de las ocasiones, sobre el hecho puntual, aunque llamativo, de las "expropiaciones forzosas" que en ella se recogen, no apareciendo en ningún caso la desprotección de la Salud Pública y los graves peligros de la radiación en ese sentido. Esta es la cobertura que ha dado a la noticia la CADENA SER :

El pasado martes día 30 quedó aprobada en el Congreso la nueva Ley de Telecomunicaciones, una norma que refuerza las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que recoge la "expropiación forzosa" de azoteas para la instalación de antenas según denuncia el grupo de la Izquierda Plural.

"Nos encontramos ante una ley en la que el Gobierno del PP ha optado descaradamente por desregular lo público para favorecer el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones" afirmaba eldiputado de la Chunta Aragonesista Chesús Yuste durante su intervención en el Congreso.

La Ley General de Telecomunicaciones fue aprobada con los votos favorables PP, PSOE y CiU y permitirá, entre otras cosas reforzar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia audiovisual y de nuevas tecnologías. Pero, según denuncian los diputados de la Izquierda Plural en el Congreso, el artículo 29 de dicha ley permitirá la expropiación forzosa de azoteas en las que los operadores quieran instalar antenas, algo que en palabras de Yuste"genera indefensión para el conjunto de los ciudadanos". El diputado de la Chunta pasará por Hoy por hoy a partir de las 10:45.

Con esta norma, el Gobierno se verá obligado a "impulsar el despliegue de las redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fija como móvil, para lograr su universalización" y cumplir así los objetivos de la Agenda Digital para Europa, según la cual, en 2020 todos los europeos tendrían que tener acceso a velocidades de al menos 30 Mbps.