El colectivo de personas electro y químico sensibles afirma que “los poderes públicos no están reaccionado debidamente” a una afección “para todos y sin excepción”
Representantes de la entidad Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud han reclamado esta mañana en la Comisión de Comparecencias “respuestas colectivas” y “hacer visible un problema de salud ambiental que está creciendo exponencialmente”
Vídeo de la intervención de Joaquín Sanz (EQSDS)
Zaragoza, 18/10/16.- El colectivo de personas Electro y Químico Sensibles ha afirmado esta mañana en sede parlamentaria que “los poderes públicos no están reaccionado debidamente” a una afección “para todos y sin excepción”. Representantes de la entidad Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud han reclamado esta mañana en la Comisión de Comparecencias “respuestas colectivas” y “hacer visible un problema de salud ambiental que está creciendo exponencialmente.
Joaquín Sanz, uno de los comparecientes que han protagonizado esta mañana la sesión, ha asegurado que “el colectivo es cada vez más numeroso”. “No pretendemos alarmar a nadie pero si informar. Somos bioeléctricos por naturaleza y únicamente la protección es eficiente”, ha añadido. Según ha explicado Sanz, “lo que no vemos tendemos a pensar que no existe, pero todos sabemos que sí”. “No somos discapacitados, somos enfermos”, ha expresado este compareciente.
Juan Manuel Púertolas, que ha acompañado a Sanz en la Comisión, ha calificado como “importantísimo el reconocimiento, la sensibilidad y la prevención”. En su opinión, este colectivo “es un grupo muy maltratado que se ignora, descalifica y ridiculiza”. “Entre las prioridades básicas a aplicar están los niveles de exposición. Debemos poner orden y en eso debemos empezar por la regulación”, ha manifestado este portavoz ante el órgano parlamentario.
Desde el PP, Fernando Galve ha asegurado que “da escalofrío” porque “no creo que fuéramos conscientes de que tuviéramos tantos campos electromagnéticos”. “Estas enfermedades carecen de suficiente apoyo institucional con afecciones muy variadas y distintas”, ha asegurado el diputado popular. En su opinión, “es bastante difícil de atajar porque cada vez hay más tecnologías y aparatos”. “Creo que no hay nadie que pueda estar fuera del radio de acción de estas ondas”, ha manifestado.
El socialista Enrique Pueyo ha considerado “conveniente la realización de un censo de afectados y la cualificación de profesionales para su atención sanitaria y social”. “A partir de aquí, estudiar sus necesidades y poner los recursos necesarios en ello”, ha añadido el diputado del PSOE. Además, Pueyo ha recordado que su grupo apoyó un total de diecisiete medidas sobre este ámbito. “Es fundamental informar a la ciudadanía sobre unos posibles riesgos muy desconocidos”, ha asegurado este parlamentario.
En representación de Podemos, Marta Prades ha apostado por “reconocer como tal la enfermedad para abrir la puerta a todos los reconocimientos”. “Debemos incluir ya esta sensibilidad para tratarla”, ha añadido. Además, también ha resaltado que “todos en nuestra vida estamos conectados a algo veinticuatro horas”. “No podemos frenar el avance pero tenemos que hacerlo compatible con la salud de las personas, una competencia de las administraciones públicas”, ha reivindicado.
Por parte del PAR, Lucía Guillén ha manifestado que esta cuestión “tendría que motivar un llamamiento a los poderes públicos”. “Parece que últimamente están prestando más atención, pero la legislación expone cuestiones mínimas de ámbito laboral pero la sociedad en general también está expuesta. Es necesario establecer una regulación que permite niveles máximos de emisión”, ha expresado la representante del Grupo Aragonés. Además, Guillén también ha reivindicado “más contundencia por parte de la Administración”.
El diputado de Ciudadanos Jesús Sansó ha asegurado que “la influencia de los campos electromagnéticos existe aunque no la podamos ver”. “Es la realidad y ha aumentado exponencialmente. Parece ser que es pronto para extraer conclusiones a gran escala”, ha añadido este parlamentario. Sansó también ha incidido en que “diez años es un periodo muy corto para conclusiones claras pero es evidente que la normativa no ha evolucionado a la misma velocidad”.
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