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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE CATALUÑA CONTRA LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES:
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE CATALUÑA CONTRA LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES:
Numerosas organizaciones cívicas y ciudadanos particulares solicitaron en el año 2014 a la Defensora del Pueblo que interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley General de Telecomunicaciones, por tratarse de una Ley que facilitaba sobremanera el derecho de las empresas de telefonía a implantar generosamente todas sus infraestructuras a lo largo del territorio español, lo que además de afectar en esta materia a las competencias de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, provocará sin duda más graves problemas de salud pública de los que ya existen.
Aunque la Defensora del Pueblo resolvió que no existían argumentos suficientes para presentar el recurso de inconstitucionalidad, el 3 de febrero de 2015, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña acordó presentarlo contra algunos preceptos de la Ley General de Telecomunicaciones que podrían, a juicio del Consejo Catalán de Garantías Estatutarias, invadir competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Además de lo anterior, a pesar de la amplia información que se facilitó sobre este problema a la Defensora del Pueblo en el primer semestre de 2014, no consta la iniciación de oficio por ella de ningún expediente dirigido a aclarar las actuaciones de las distintas Administraciones respecto de los daños sobre la salud que están provocando las radiaciones electromagnéticas en los ciudadanos.
Por lo tanto, siendo esta admisión a trámite, en cualquier caso, una buena noticia, sin embargo, no podemos sino apercibirnos de que son numerosas las alegaciones ciudadanas a esta ley que no están representadas en el recurso del gobierno catalán y que desde las organizaciones en defensa de la salud y en lucha contra la contaminación electromagnética, aunadas en la plataforma nacional PECCEM fueron trabajadas, elaboradas detalladamente conforme a derecho y presentadas siguiendo los procedimientos y canales democráticos a tal efecto, no habiendo recibido caso alguno.
Especial importancia tiene en estos días el problema que existe con este tipo de contaminación en los centros educativos públicos y privados, en los que no para de crecer la implantación y el uso de tecnologías inalámbricas, con el consiguiente peligro para la salud de los niños y jóvenes, tal y como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y a quienes el gobierno y sus insituciones, entre ellas, la Defensora del Pueblo, deberían proteger.
Aprovecho esta noticia para documentar los pasos y el enorme trabajo realizado desde la PECCEM como plataforma y dese sus colectivos individuales.
Por lo tanto, siendo esta admisión a trámite, en cualquier caso, una buena noticia, sin embargo, no podemos sino apercibirnos de que son numerosas las alegaciones ciudadanas a esta ley que no están representadas en el recurso del gobierno catalán y que desde las organizaciones en defensa de la salud y en lucha contra la contaminación electromagnética, aunadas en la plataforma nacional PECCEM fueron trabajadas, elaboradas detalladamente conforme a derecho y presentadas siguiendo los procedimientos y canales democráticos a tal efecto, no habiendo recibido caso alguno.
Especial importancia tiene en estos días el problema que existe con este tipo de contaminación en los centros educativos públicos y privados, en los que no para de crecer la implantación y el uso de tecnologías inalámbricas, con el consiguiente peligro para la salud de los niños y jóvenes, tal y como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y a quienes el gobierno y sus insituciones, entre ellas, la Defensora del Pueblo, deberían proteger.
Aprovecho esta noticia para documentar los pasos y el enorme trabajo realizado desde la PECCEM como plataforma y dese sus colectivos individuales.
En primer lugar, la PECCEM presentó alegaciones a la aprobación de la ley:
A continuación, presentamos la solicitud de intermediación a la Defensora del Pueblo:
La Defensora del Pueblo no encontró motivos que fundamentaran la interposición por su parte de recurso del inconstitucionalidad.
Por su parte, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña acordó presentar el recurso contra algunos preceptos de la Ley General de Telecomunicaciones que podrían, a juicio del Consejo Catalán de Garantías Estatutarias, invadir competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo directamente ante el Tribunal Constitucional.
Finalmente, el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso de inconstitucionalidad del gobierno catalán a trámite.
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